Editorial de La Nación de hoy
acá. Aquí un resumen de sus argumentos:
- [el decreto] los ha convertido [a los directores] expresamente en funcionarios
públicos. Esto introduce una formal representación estatal en el seno de
entes de derecho privado, con todas las implicancias negativas que la
injerencia del poder público puede tener.
- limita las facultades propias de los
directores de las sociedades comerciales abiertas al obligar a los
designados por el Estado a tomar las medidas que los funcionarios de
turno consideren necesarias, en lugar de otorgarles la discreción
necesaria para adoptar las que mejor se adapten a las necesidades
empresarias. Se podría argumentar que ello es razonable en función de la
propiedad del Estado sobre las acciones de esas empresas, pero no debe
olvidarse que aquél convive como socio minoritario con otros accionistas
cuyos intereses pueden no ser iguales a los de un Estado
intervencionista (...)
- elimina
la responsabilidad de los directores, devenidos ahora en funcionarios
públicos, garantizándoles su impunidad, cuando actúen según
instrucciones recibidas del Estado.
- pretende que el Estado,
como accionista de empresas privadas, tenga un tratamiento preferencial
en el acceso a la información, en un grado superior y previo al de los
restantes socios minoritarios. Esta pretensión da por tierra con las
obligaciones de simetría que las leyes que regulan el flujo de
información generado por las sociedades abiertas exigen a quienes las
administran. Además, el ejercicio indiscriminado de esta nueva potestad
estatal afectará seguramente el derecho a la confidencialidad de los
negocios societarios, al diseminarla imprudentemente a través de las
estructuras burocráticas.
- ha derogado un principio de nuestra ley de sociedades
comerciales, que impedía ser directores a los funcionarios públicos cuyo
desempeño estuviera relacionado con el objeto social, hasta dos años
del cese de sus funciones. La derogación de ese sano principio abrirá la
puerta a infinitas posibilidades de favoritismo en la contratación
pública y a la obtención de privilegios inaceptables. En otras palabras,
a la corrupción.
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