Resultados no asignados y sueldos ejecutivos

La version de Clarin pone en boca del ministro de economia Boudou que la unica motivacion del decreto 441 fue Siderar. La especie dice que Boudou salio a tranquilizar a las otras empresas en las que la ANSES puede sentar directores diciendo que la movida se limitaba expresamente a Siderar, que el derecho de propiedad no estaba en juego y la posibilidad de expropiaciones es un delirio, y que todo se debe a una negativa de la presidente a que sea el Grupo Techint el que designe al representante de su gobierno en el directorio. La cercania del grupo al Grupo Clarin, seria otra razon para confrontar. Verbistky confirma la version (aca) y hasta va mas lejos, atribuyendo la designacion de Aldo Ferrer como embajador en Paris para sacarlo de Techint y designar en su reemplazo un director mas "amigo". Y va mas lejos apretando en publico a Naldo Brunelli y a los directores sindicales de Siderar por el Programa de Propiedad Participada a que voten con el gobierno cuando se reanude la Asamblea que paso a cuarto intermedio hasta el 11 de Mayo. El hijo de Tato le responde con sorna desde Clarin (ver aca).
Ricardo Nissen, prestigioso jurista, ex-director de la IGJ y representante del gobierno en la asamblea de Siderar, ofrece una interpretacion sobre la resistencia del Grupo Techint al decreto 441. Nada dice sobre la necesidad y urgencia del decreto. No podria esperarse del periodista de Pagina/12 una pregunta en ese sentido. Pero el reportaje merece leerse completo (aca), pero dentro de sus consideraciones, hay una especialemente interesante desde la perspectiva del gobierno de la empresa. El periodista pregunta acerca de los 6800 millones que Siderar mantiene como resultados no asignados, que serian, al decir de Nissen y de los representantes del poder ejecutivo, las razones por las que el gobierno voto en contra la distribucion de dividendos en la asamblea impugnada. El periodista de Pagina/12 pregunta: "¿Por qué Siderar mantiene 6800 millones sin distribuir?"
Y responde Nissen:
"En este país durante los últimos 20 años retener ganancias y no repartirlas al accionista minoritario es un deporte nacional, pero es contrario a la ley. Cuando se aprueba transferir fondos a cuentas como “Resultados no asignados”, el directorio luego puede utilizar ese dinero de forma discrecional para pagar mejores honorarios, por ejemplo. Los dividendos se tienen que distribuir, porque las sociedades se hacen para ganar plata. También se puede retener ganancias, pero tiene que estar bien justificado. Siderar propone distribuir 1500 millones de pesos cuando tienen inmovilizados 6800 millones."

Sigue el conflicto por el 441

El martes pasado la presidenta firmo el Decreto 441 ampliando la participacion del Estado en los directorios de las empresas en las que tiene partipacion accionaria heredada de las AFJPs. Arrecian las lecturas politicas sobre las motivaciones de la pelea. Perfil sostiene que se pelea por la distribucion de dividendos de Techint. La Nacion lee la medida en clave del derecho de propiedad y control de las empresas. Lo cierto es que en la semana la ANSES intento ampliar el directorio de Molinos e insertar un director estatal, medida que fue rechazada por todos los accionistas, los mayoritarios y los minoritarios. Y luego intento designa tres directores en la Asamblea de Siderar, iniciativa que fue tambien rechazada por la mayoria. El gobierno, ademas, envio a sus representantes a votar en contra de la distribucion de dividendos propuesta por el management, a pesar de que era el triple de la oportunamente anunciada en Marzo (lo cual disparo las acciones de Siderar al 8%). Pero la CNV declaro nula la Asamblea y las decisiones adoptadas. Aqui la opinion del principal diario oficialista en la pluma de su estratega, alegando que el motivo real de la resistencia del grupo Techint al decreto no tiene que ver con ninguna de las razones reveladas por los medios sino por la cercania del grupo italiano al grupo Clarin, "el enemigo" de acuerdo con la prensa oficilialista. Se lo nota a Verbitsky visiblemente furioso con el representante de la UOM en el directorio de Siderar por haber votado con el grupo mayoritario de Siderar (aca).
Aqui mi opinion desde la perspectiva del gobierno de la empresa, sin especulaciones politicas, que estoy intentando que me publiquen en un diario :)

El Decreto 441 y el Gobierno de la Empresa

El Gobierno nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia, ha modificado este martes la ley que estatizó el sistema previsional y que establecía un tope del 5% en la representación estatal en los directorios de las empresas en las cuales el sector público posee una cuota del capital social heredada de las AFJP. Con la eliminación de ese tope, la nueva participación estatal en los directorios de las empresas será proporcional al peso del Estado en el paquete accionario de las mismas.
Mientras el gobierno nacional defiende la medida invocando la defensa del interés general y de los jubilados, las centrales empresarias y los dirigentes de la oposición han tomado con preocupación esta noticia.
Al margen de la lectura coyuntural de la decisión, se ofrecen al menos tres argumentos centrales contra el decreto 441. Específicamente, las objeciones se refieren a la constitucionalidad del decreto, a la naturaleza de las transacciones que llevaron a la conformación del paquete accionario de la ANSES en primer término, y al avance del gobierno nacional sobre el derecho de propiedad y sobre la conducción de las empresas argentinas.
El primer argumento se refiere a las formas. Y aunque la justificación de la necesidad y urgencia de esta decisión no es simple de probar, no voy a discutir aquí la constitucionalidad del decreto. El segundo argumento se refiere al carácter de las acciones de la ANSES, que fueron adquiridas inicialmente por las AFJP como inversiones de cartera pero se transforman por este decreto en acciones con derechos políticos. El problema es que no es inusual que las AFJP nombren directores en las empresas en las que tienen participación. Lo propio ha hecho el Departamento del Tesoro norteamericano nominando directores en los bancos alcanzados por el “Capital Purchase Program” del TARP bajo determinadas condiciones. Esta nota es acerca del tercer argumento, el más usado en la discusión pública y el que suscita los mayores resquemores: la interferencia del gobierno nacional en el derecho de propiedad y el gobierno de las empresas.
El comunicado de la UIA ha vinculado el decreto 441 con el proyecto sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Ambas medidas pueden pensarse desde la perspectiva de cuál es el mejor sistema de gobierno de la empresa. Este es el núcleo de lo que se ha dado en llamar corporate governance, una disciplina que florece en las escuelas de economía internacionales y que debe responder la pregunta de cuál es el objetivo de la empresa, es decir, cuáles son los intereses que el gobierno de la empresa debe servir.
La posición neoclásica sobre el objetivo empresario es que la empresa debe servir, primariamente, los intereses de sus propietarios. Esta respuesta asume que la empresa es simplemente una extensión de la propiedad individual de sus dueños. El argumento se funda, entonces, en el derecho de propiedad de los accionistas. El problema es que, en el caso que nos convoca, la invocación simultánea del derecho de propiedad por aquellos que favorecen la medida y por aquellos que la resisten revela que el concepto de derecho de propiedad no ofrece un principio adecuado para iluminar el tema.
Aunque el asunto es lo suficientemente complejo como para despacharlo en una página, se puede decir brevemente que el sistema de gobierno que goza de mayor aceptación en la literatura sobre gobernanza empresarial es aquel que alinea el gobierno de la empresa con los intereses de los que asumen el riesgo residual por sus resultados, es decir, aquellos que tienen más para perder si a la empresa le va mal. Ellos son, habitualmente, los accionistas. Nótese que el argumento de la prioridad de los accionistas no se funda en el derecho de propiedad sino en un principio de eficiencia en la organización del gobierno empresario. A diferencia de empleados, clientes y otros interesados en la empresa que tienen garantizados sus créditos, son los accionistas los que tienen el mayor interés en maximizar la creación de riquezas porque tienen derecho al excedente una vez que esos créditos han sido pagados.
Es desde esa perspectiva que puede resistirse la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas (en verdad, la evidencia empírica tiende a confirmar que existe una correlación positiva entre participación empresaria y ganancias empresariales que debería informar esta discusión, pero ese es otro tema).
Ahora bien, cuando se trata de propiedad estatal en empresas privadas, que no es resultado de expropiaciones o de la coerción estatal sino del libre intercambio en el mercado de valores, la potestad del tenedor de acciones de ubicar en el directorio a la cantidad de representantes que corresponde a sus tenencias parece una medida justificable. No en términos del ejercicio del derecho de propiedad – que por lo dicho antes, no ilumina una respuesta convincente – sino desde la justificación de una conducción eficiente de los asuntos de la empresa. Si como resultado de esta creciente participación estatal en los directorios de las empresas el impacto en los resultados es negativo esto será, en definitiva, no solamente una mala noticia para la empresa sino para los intereses accionarios del Estado, que es socio y paga por esas pérdidas.
Algunos comentaristas no discuten principios de gobernanza empresarial sino que rechazan el decreto 441 por sus posibles consecuencias negativas. Han advertido que, como resultado de esta medida, los nuevos directores estatales estarán sometidos a conflictos de intereses permanentes en el caso, por ejemplo, de las empresas que prestan servicios públicos. La observación es atendible. Como miembros del directorio de, por ejemplo, Edenor, los directores estatales deberán cuidar los intereses de Edenor, los de sus accionistas, y los de los fondos de la ANSES. Pero como representantes del Estado, deberían atender, también, los intereses de los consumidores. Sus responsabilidades profesionales están determinadas, en primer lugar, por la representación de los jubilados. Pero la posibilidad de conflictos de intereses (reales o aparentes) es una consideración relevante. Al fin y al cabo, esa fue la justificación inicial para establecer el límite del 5%.

Directores estatales en empresas privadas

La cronica dice que el Gobierno, a traves de un decreto de necesidad y urgencia, ha modificado la ley que estatizó el sistema previsional y que establecía un tope del 5% en la representación estatal en los directorios de las empresas donde el sector público posee una cuota del capital social heredada de las AFJPs. 5% es el porcentaje mínimo de tenencia accionaria establecido por la Ley de Sociedades Comerciales para que un accionista pueda ejercer todos los derechos que la ley otorga para defender la administración de sus activos. Se elimina ahora ese tope, de modo que la nueva participación estatal en el directorio de las empresas será proporcional al peso del Estado en el paquete accionario de las mismas.
Como siempre en estos casos, las lecturas dependen de la posicion de los medios. Pagni escribe en La Nacion que esta es una medida que tiene en miras al grupo Techint: "es otra manifestación de un modo de administrar el poder que el kirchnerismo ha convertido en habitual: primero se selecciona al enemigo, después se elabora la doctrina más adecuada para atacarlo." (link a la nota completa aqui). Clarin, una de las empresas que podria ser afectada por la medida dado que el estado posee el 9% de su paquete accionario, pone el tema en tapa pero con gran cautela: vincula la medida con la designacion de directores amigos del gobierno en estas compañías y describe diferentes reacciones en el sector energetico y el bancario (aca). Pagina/12, por el contrario, defiende esta decision: "La medida refuerza el control público en muchas firmas que se dedican a actividades estratégicas para la economía, como servicios públicos, intermediación financiera, productos alimenticios y energéticas." (nota completa y subnotas aqui). Naturalmente, lo propio hace la ANSES, como se observa en el video.

Sin perjuicio de la lectura coyuntural de esta decision, se la puede pensar desde la perspectiva de la gobernanza de las organizaciones privadas con fines de lucro, que llamamos genericamente "empresas". En la medida en que la adquisicion de esa participacion accionaria no ha sido coactiva sino bien recibida y hasta buscada por estas empresas en el mercado de valores, la acusacion de "chavismo" que algunos empresarios has deslizado hacia la iniciativa del gobierno parece un poco desmesurada (esto dicho con independencia de cuanto le caiga en gracia a uno los nombres de los directores propuestos por el Estado, porque las diferencias entre Aldo Ferrer y el fundador de la TNT en Economicas son manifiestas).
Las centrales empresarias se han expresado en contra de la medida. A traves de sendos comunicados, la UIA y la AEA pusieron objeciones al nuevo DNU. El comunicado de la UIA sostiene que: "las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales en el sentido de solicitar participación en los directorios de las empresas, junto a proyectos que promueven la cogestión sindical de las compañías, no hacen más que aumentar la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas" (ver aca).
Una cosa es resistir la participacion de los trabajadores en las ganancias de las empresas cual si fueran dueños. En tal caso, la resistencia puede fundarse en que el alineamiento del gobierno de la empresa con el riesgo asumido por el propietario es lo que justifica la prioridad de los propietarios. Pero cuando se trata de propiedad estatal en empresas privadas que no es resultado de expropiaciones o de la coercion, la potestad de sentar en su directorio a la cantidad de representantes estatales que corresponden a sus tenencias accionarias parece una medida de, por un lado, estricta justicia en terminos del ejercicio del derecho de propiedad, y por otro lado, de adecuada justificacion en terminos de asegurar una conduccion eficiente de los asuntos de la empresa. Si como resultado de esta creciente participacion estatal en los directorios de las empresas la gestion se debilita e impacta en los resultados esto sera, en definitiva, no solo negativo para la empresa sino para los intereses accionarios del Estado en la empresa. Por ejemplo, en el primer dia de operaciones bursatiles luego de la sancion de esta medida, el Merval operó todo el día en negativo y contra lo que sucedió en las principales bolsas del mundo, aqui hubieron bajas, especialmente en las empresas que están dentro de la lista de 43 que recibiran nuevos directores del Estado: Banco Hipotecario (-1,5%), Telecom Argentina (-1,2%), YPF (-1%), Edenor (-1%), Ledesma (1%), Mirgor (-0,8%) y Siderar (-0,7%).

La UIA - Clarin tambien (ver aca)- sugieren que esta movida podria estar dirigida a sentar en el directorio de las empresas a dirigentes estatales para de esta forma asegurar la participacion de los trabajadores en la conduccion de la empresa. Pero aunque los nuevos directores fueran dirigentes sindicales, lo harian en representacion del Estado y no de los trabajadores. No es mi intencion pecar de ingenuo, pero mi perspectiva es solo la del deber ser. Si un dirigente sindical abusa de su funcion como representante del Estado para forzar una mayor participacion obrera no resulta por la ley esta simplemente incumpliendo con el mandato para el que ha sido nombrado en la empresa.
El dirigente sindical Juan Carlos Schmid dijo que los dirigentes sindicales tienen “el derecho” de integrar los directorios de las empresas. “Nos corresponde naturalmente”. Esas declaraciones parecerian confirmar la especulacion de la periodista de Clarin, quien escribe que se estan buscando esos cargos no para entrometerse en la gestion de las empresas sino simplemente para beneficiar a militantes politicos del oficialismo con "salarios mensuales tentadores: pueden llegar a 40.000 pesos por mes. Además del acceso a información privilegiada: balances, situación financiera, préstamos, designaciones de ejecutivos claves y aprobación (o no) de políticas. Es decir, "información estratégica". Un término de moda, muy manoseado en año electoral." (nota completa aca).

Otra historia es discutir como ha llegado el estado nacional a disponer del 31% de Banco Macro, del 26% de Edenor, del 20% de Molinos o del 12% de Petrobras Energia. La discusion tiene que ver con la robustez del mercado de valores y con las relaciones entre estas empresas y las AFJPs. Pero dificilmente puedan criticar la medida oficial quienes se han beneficiado con el fondeo oficial. En todo caso, la discusion deberia centrarse en los mecanismos de seleccion de esos directores estatales, y de la conveniencia de que sean acordados con la oposicion parlamentaria y con las propias empresas. Pablo Manili - entrevistado por LN - hace un aporte a a interpretacion del "espíritu con el que se había sancionado la ley que habilitaba el ingreso de los fondos de jubilación en el capital de las empresas: Los derechos que tenían originalmente las AFJP eran del tipo económico y no político, es decir que no estaban pensados para influir en la toma de decisiones corporativas. Y cuando se sancionó la ley de estatización de las AFJP se mantuvo el mismo concepto" (aca). El argumento no es decisivo porque las leyes (y su espiritu) pueden modificarse aunque deberian reunirse para ellos las correspondientes mayorias parlamentarias. En tal caso, dudo que alguien objetara la constitucionalidad de esta ley. Lo que renueva la conviccion que la verdadera objecion a esta medida - y no es una objecion menor - es el formato: un DNU.


Adenda: Escribe Pagni de nuevo en LN en respuesta a la defensa que el gobierno hace de este DNU (nota completa aca). Ademas de las habituales elucubraciones acerca de las motivaciones del gobierno detras de esta medida y de las intrigas palaciegas entre la CGT y la denominada agrupacion La Campora, Pagni ofrece tres argumentos:
1. la presencia estatal en los directorios de las empresas no es la mejor manera de defender el dinero y los intereses de los trabajadores depositados en la ANSES
2. los nuevos directores estatales estaran sometidos a conflicto de intereses permanentes en el caso de las empresas que prestan servicios publicos (e.g. energia)
3. el gobierno entiende que hay una contradiccion intrinsica "entre las empresas y el bienestar general".
El tercer punto puede ser real en off, pero las declaraciones de los funcionarios oficiales fueron en sentido opuesto. Lejos de la antinomia, la medida fue justificada como una forma de integrar a los verdaderos propietarios de las empresas a la toma de decisiones empresarias. El primer argumento es una cuestion empirica, que habra que ver en el tiempo. Una cosa es el Estado nacionalizando empresas y otra muy distinta es sentando directores que sienten la posicion DEL ESTADO (no del gobierno) sobre el rumbo de las empresas cuya propiedad poseen. El segundo argumento es el mas promisorio, aunque Pagni no lo desarrolla cabalmente. Es verdad que existe un conflicto de intereses estructural para los representantes del estado en esas empresas: como miembros del directorio de Edenor, deben cuidar los intereses de Edenor, de sus accionistas, y de los fondos de la ANSES, pero como representantes del gobierno, deben cuidar los intereses de los consumidores de energia. Por lo tanto, al momento de resolver un aumento de tarifas, deben decidir que camiseta se ponen. Esto puede verse como un problema - a la manera que lo describe Pagni y los comunicados de la UIA y AEA: "tenemos al enemigo adentro" - o como sugieren otras versiones de empresarios en off - esto es bueno porque dara respaldo a nuestros reacomodamientos tarifarios - es decir, como un puente entre el gobierno y el grupo de empresas considerado.
Otro tanto debe decirse respecto de la editorial de LN de hoy, que sostiene que esta medida es "una muestra más de la voracidad de un proyecto hegemónico que no repara en seguir atacando la propiedad privada." (aca). La editorial continua: "Se trata, claro está, de una nueva maniobra dirigida a aumentar la cuota de poder del oficialismo de la mano de un intervencionismo que les otorgará a sus representantes en las empresas privadas influencia y acceso a información privilegiada, y que busca coartar la independencia y la autonomía de los empresarios." Nuevamente, el argumento es endeble. La informacion a la que tendran acceso los directores estatales no es ni mas ni menos que la que debe suministrarse a los accionistas minoritarios de esas empresas. El hecho de que a menudo algunas de esas empresas no cumplan con esas obligaciones no convierte a esa informacion en "privilegiada".

Lo que parece objetable es usar un DNU para modificar una importante clausula de una ley. El uso de un DNU podria confirmar la especie de que lo que el gobierno busca son puestos de trabajo para sus militantes. Pero mas alla de la lectura politica, los argumentos de Pagni y de las centrales empresarias son poco convincentes. Al menos si es que los estamos entendiendo bien.

Divorcio patriotico

Un chiste para el domingo... una broma estupenda si no fuera, desdichadamente, cierta. El tema es que la Constitución de Guatemala, en su artículo 186, prohibe que los familiares del presidente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pueden optar al cargo. Alvaro Colom lleva ya 8 años en el cargo y mas de 14 con su esposa Sandra Torres. Pero en prueba de su "amor al pueblo guatemalteco" el señor y la señora Colom están dispuestos a sacrificarse y divorciarse. La novedad se ha publicado en todos los diarios del mundo en estos dias (ver aca).

Novedades: ahora una jueza rechaza el divorcio de la pareja presidencial y el oficialismo le pide a la Corte Suprema de Guatemala que sancione a la jueza... cambalache (aca).

Sarlo y un "cambio de época"

"El acto que tuvo lugar ayer en la cancha de Huracán no es uno más en la serie que el peronismo inauguró en los años 40. A diferencia de aquellos actos de la historia, el de ayer no tuvo como protagonista a la "columna vertebral" formada por los sindicatos, sino a la nueva columna vertebral: la de las organizaciones sociales y juveniles. El cambio de una a otra militancia indica un cambio de época: del trabajador integrado al activista social que comenzó su camino en el barrio, con los subsidios y los planes. También la juventud es distinta. Cada vez que se dirige a ella, la Presidenta celebra que los jóvenes de hoy no hayan tenido que pasar por las pruebas por las que pasaron los de su generación. Aquéllos tuvieron que rebelarse y dar la vida. Estos sólo tienen que profundizar el proyecto. Ustedes la tienen un poco más fácil, podría escucharse como subtexto."
Nota completa en este link.

Multinacionales, medio ambiente y La Ley

El conflicto desatado en San Juan respecto de la mineria a cielo abierto tiene nada de nuevo. Es un conflicto, ante todo, de indole moral, porque estan en juego los intereses enfrentados de las empresas mineras, los trabajadores del sector, las comunidades locales que se ven afectadas por la exploracion, los consumidores de las minerales que se extraen, y, uno podria agregar, los intereses del ecosistema misma y de las futuras generaciones. Le corresponde a los gobiernos locales y nacionales arbitrar entre estos distintos grupos y encontrar soluciones que seran, necesariamente, suboptimas, porque no hay lugar para el win-win cuando lo que gana uno es lo que pierde el otro. Pero ademas, la fuerte presion ejercida por las organizaciones ambientalistas, los medios de comunicacion y la propia Barrick Gold sobre autoridades ejecutivas y legisladores, convierte este caso en un test respecto de la legitimidad moral de la influencia de estos grupos sobre la ley.
En este link se lee el debate entre Daniel Bosque, director de la revista Mining Press, y Maristella Svampa (periodista) y Enrique Viale (abogado ambientalista). En la edicion de hoy de Miradas al Sur, Svampa y Viale replican a Bosque (seguir este link).

Obama en la Universidad de Arizona (sobre la masacre de Tucson)

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economy

El link a la version taquigrafica del discurso aca.

RollingStone y Fuerza N

Buena nota de Esteban Schmidt en RS. Para coleccionar. Aqui el parrafo final:
"Tristemente, el legado de Néstor Kirchner es también este ejército de cabezas de lata que tienen como misión de sus vidas parasitarias castigar a los hombres libres, a los que reconocen los matices y gozan con ellos y que puede que no quieran, o queramos, dar por bueno que el país sea el mito berreta que quieren imponer. Porque la idea de integridad absoluta, de Kirchner o de quien sea, genera decepción por lo inalcanzable y no queremos eso para las nuevas generaciones: queremos un sostenido ejercicio de su ciudadanía, de sus responsabilidades. Hay que rechazar la gratificación del mito, porque necesitamos instigar la utopía todos los días. Tal vez, entonces, no debamos ceder tan fácilmente a que las tucas parties regulen nuestro 2011 y nos caguen de miedo de pensar y decir. Que sepan los cabezas de lata que nos vamos a defender de su violencia. Diciéndolo, como hacemos desde hoy. Y llegado el caso a los tortazos, porque si no es para ser libres para qué queremos la política."

Link a la nota aqui

Nidera (II)

Aunque esperabamos una respuesta de Nidera, la respuesta llego en una editorial del diario La Nacion del sabado (aca). Leemos:
"Nidera negó los citados cargos en forma terminante. Señaló que empleó a 133 trabajadores provenientes de la localidad de Ojo del Agua, Santiago del Estero, quienes arribaron a su lugar de trabajo el 15 de diciembre pasado y se alojaron en casillas instaladas al efecto, con provisión individual de colchones y adminículos de trabajo a cargo de la empresa. Explicó que, del total de operarios, había 19 menores de entre 16 y 18 años de edad, que contaban con la autorización legal de sus padres para desempeñar las tareas para las cuales estaban contratados o acompañados por ellos. Precisó que la contratación fue por 15 días, que se efectuó "con estricto cumplimiento de los requisitos que detalla la ley de trabajo agrario" y que se paga un promedio de entre 2500 y 3200 pesos por trabajador. Asimismo, negó que las condiciones de las viviendas fueran precarias y que el personal contratado estuviera impedido de salir del campo."
Ademas, La Nacion enfatiza que otras empresas del sector que contratan trabajo temporario del mismo tipo, reunidas en la Asociación de Semilleros Argentinos, han manifestado su rechazo a las denuncias.
El argumento central de La Nacion se expresa en el ultimo parrafo:
"El trabajo rural podrá merecer diferentes opiniones, pero se encuentra sujeto a un marco legal que debe ser respetado, al tiempo que existen organizaciones sindicales que velan por el cumplimiento de las normas en vigor y por su permanente mejoramiento. En el caso que nos ocupa, cabe preguntarse si, tratándose de un trabajo migratorio, de pocas semanas, abonado en blanco y contratado de acuerdo con las leyes respectivas, se justifica la calificación de esclavitud y reducción a la servidumbre que se ha deslizado contra determinadas empresas agrícolas. Es de esperar que cualquier investigación de la Justicia y de la autoridad de aplicación de las leyes sea llevada a cabo con la suficiente imparcialidad, dejando de lado toda contaminación política o ideológica."

Es decir, el razonamiento es que si las practicas laborales de Nidera se ajustan a derecho y cuentan con el respaldo de las organizaciones sindicales del sector, no son moralmente objetables, aunque puedan tenerse sobre ellas "diferentes opiniones".
El argumento es endeble. Pero los lectores que comentan en la nota (asumiendo que son mas de uno y que de verdad leyeron la nota), la descalifican sin comprenderla y usando ad-hominens. Y la respuesta de Verbitsky en la tapa de Pagina/12 de ayer (aca) equivoca el camino y en lugar interpelar criticamente a la legislacion laboral, se empeña en destacar los vinculos de la empresa con lo que el periodista considera "prensa opositora" y en descalificar al gremio de los trabajadores rurales, "casualmente" alineado en el peronismo disidente (en esto no se diferencia de los foristas de La Nacion "indignados" por la opinion del diario, al que acusan de defender los intereses del sindicalismo rural...)
Mas interesante es la nota de opinion del ministro Tomada en la misma edicion del diario, porque hace explicita esta agenda del periodista (aca). Aunque, a tono con las discusiones de estos tiempos, se preocupa mas por la cobertura y opinion que de estos temas hacen los "diarios opositores" que por describir los hechos y aportar testimonios de los dos actores.
Escribe Tomada:
"Vamos a actuar con todo el rigor de la ley (porque fue nuestro gobierno el que sancionó la Ley 26.364 sobre el delito de trata de personas), porque nuestro proyecto tiene convicciones políticas, que se sustentan en la justicia social, la ampliación de derechos, la reparación de la deuda social y en más y mejor trabajo para todos y todas. A eso no pensamos renunciar."
Buena idea. Aunque si es verdad que las practicas de Nidera se ajustan a la ley laboral, el ministro deberia preocuparse mas por esas leyes que por una nueva ley sobre el delito de trata de personas. Si los hechos denunciados son reales, la acusacion es grave y el comportamiento de Nidera es condenable, cualquiera sea la letra de la ley y los intereses de los que atacan y de los que defienden.

¿Sweatshop en San Pedro?

Una investigacion del periodista Verbitsky aparece en tapa del Pagina/12 ayer, acerca de las practicas laborales de la multinacional holandesa Nidera. La empresa, dedicada a la comercializacion de commodities, estaba siendo investigada por la AFIP por evasion impositiva. De acuerdo con la denuncia, se descubrieron 130 personas, incluyendo unos 30 chicos, alojadas en un campamento en condiciones infrahumanas. Escribe el periodista que Nidera:

"Los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos “para comprar pan dulce”. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad."
(...) "El reclutamiento de personas muy humildes se hizo en Santiago del Estero, con la promesa de trabajar en la cosecha del maíz en Buenos Aires “en la mejor empresa”, en condiciones laborales apropiadas y un buen salario. Un colectivo los trasladó en forma directa hasta la estancia, de la que una vez que ingresaron no se les permitió salir. Nidera les hizo saber que si alguien abandonaba el predio, toda la cuadrilla de trabajo que integraba sería devuelta a su pueblo sin pago. Consultado para esta nota el fiscal agregó que estas personas “ni sabían en qué lugar estaban”.

La nota destaca el contraste entre esta denuncia y la activa participacion de Nidera en Accion Internacional, una ONG creada en 1961 para asistir a hombres y mujeres pobres a salir de la pobreza a traves de microcreditos y capacitacion.
Mas alla de las posibles motivaciones de esta nota - que se revelan en las referencias de Verbitsky a los dirigentes politicos acusados de complicidad y a las otras empresas investigadas por evasion - vale la pena seguir este caso. La nota completa aqui. El sitio web de Nidera donde la empresa puede expresar en los proximos dias su posicion oficial acerca de esta denuncia es este.