Exilio fiscal

El libre acceso y salida sumado a la ausencia de armonización fiscal entre los países de la Unión Europea le da por un lado la posibilidad de que los ciudadanos europeos se muevan para evitar pagar impuestos progresivos altos y por el otro favorece la competencia tributaria entre países vecinos.
El caso más discutido de exilio fiscal lo protagoniza en estos días el gran actor francés Gérard Depardieu. Dice que en 2012 tuvo que pagar el 85% de sus ingresos en impuestos y que en 45 años de carrera ha pagado 145 millones de euros. Se suma a la lista de actores y personalidades francesas como Alain Delon, Emmanuelle Beart y otros famosos ricos - entre ellos el hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, también emigrado a Bélgica - que escapan a la reforma impositiva del presidente socialista François Hollande, quien alega que esta medida está revirtiendo 20 años de políticas fiscales a favor de los ricos (mientras en 1985, la tasa de impuestos era del 65 por ciento, en 2011 fue del 41 por ciento). En su campaña presidencial, Hollande anunció que crearía un impuesto del 75 % para ingresos superiores al millón de euros. La medida todavía no ha sido sancionada, pero el Gobierno ha subido los impuestos a los más ricos y eliminado diversas exenciones fiscales que favorecían a los grandes patrimonios. Francia debe el 90 por ciento de su PBI.
Depardieu mudó su domicilio a Néchin, una ciudad belga, situada a un kilómetro de la frontera francesa, que tiene un 28 por ciento de franceses, en su gran mayoría exiliados fiscales. Otros famosos artistas franceses, desde Brigitte Bardot a Catherine Deneuve, salieron en respaldo de Depardieu. En respuesta, el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, juzgó la conducta de Depardieu como "despreciable". Indignado por las críticas, la réplica del actor fue contundente: ha decidido renunciar a su pasaporte francés y a la tarjeta de la seguridad social que, dice, nunca utilizó. Todo esto en una carta abierta por Le Journal du Dimanche y dirigida al primer ministro Ayrault en la que afirma que aunque seguirá amando a los franceses, se va de Francia porque los socialistas "consideran que el éxito, la creación, el talento, y en realidad la diferencia, tienen que sancionarse". Aunque Putin le ofreció la ciudadanía rusa, Depardieu se sumó a los más de 500 franceses en lista de espera para obtener la nacionalidad belga por el procedimiento de urgencia.
Cuando se trata de cuestiones de justicia, cuentan tanto los derechos y deberes de los ciudadanos como las posibles consecuencias de las decisiones de política fiscal: según datos del Ministerio de Finanzas de Francia, entre 1990 y 2003 se exilió un ciudadano francés por día, y ese éxodo de más de 10.000 personas significó una fuga de capitales de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. El primer caso de exilio fiscal en Néchin fue el de los Mulliez, los dueños de la cadena de supermercados Auchan, que llegaron en los noventa con una fortuna de unos 10.000 millones de euros y que hoy dan empleo a más de 600 vecinos en su fábrica de detergentes (ver acá).

Deporte y tradiciones

En el fútbol profesional se mantienen aún algunas instituciones que han logrado mantenerse al margen de ciertas tendencias comerciales y preservar ciertos valores que constituyen, ellos creen, una parte central de su propia identidad. Así, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona de España no prestaba su camiseta para publicidades comerciales, resignando contratos jugosos en publicidad (por ejemplo, su gran rival Madrid contrataba el espacio de su camiseta con la casa de apuestas B-Win). De la misma forma, el Athletic de Bilbao, club que aún dirige el argentino Marcelo Bielsa, tiene como política hacer jugar en el club sólo a futbolistas provenientes de sus divisiones inferiores o a los nacidos en el País Vasco. Se trata de tradiciones que no tienen un respaldo legal; se apoyan simplemente en la voluntad continua de sus socios que la junta directiva respeta a rajatabla, aunque ello suponga someter al club a ciertas desventajas competitivas, frente a otros equipos que reciben millones por publicidad en la camiseta o se gastan millones en jugadores provenientes de plazas más prolíficas en la producción de jugadores talentosos. Son los hinchas del Barcelona y los de Athletic los que mantienen vivas estas políticas y asumen, a su manera, los costos deportivos de mantenerlas.
Otro equipo que intenta preservar sus tradiciones es el FC Zenit de San Petersburgo. El Zenit es un club de fútbol de la Premier League de Rusia. Desde fines de 2005, pertenece a la empresa estatal de gas rusa Gazprom. En la temporada 2007, obtuvo su primer campeonato de liga rusa. Ganó la copa UEFA en la edición 2007-2008 y la Supercopa de Europa en 2008. El Zenit es el único club de la primera división de Rusia que nunca ha fichado a un jugador africano. Esto tiene que ver, tal vez, con la fuerte influencia de la derecha nacionalista en San Petersburgo. El Zenit aparece hoy en los titulares de la prensa no-deportiva precisamente por esa intención de sus hinchas de preservar esas tradiciones: la 12 del Zenit ha publicado una carta exigiendo a los directivos del club que no adquieran jugadores homosexuales y/o de raza negra. Dice el "Manifiesto de la 12": "No somos racistas, pero vemos la ausencia de jugadores negros del Zenit como una importante tradición". Prefieren jugadores blancos de otras naciones eslavas, así como de los estados bálticos y Escandinavia, por una cuestión de compatir la misma "mentalidad y antecedentes históricos y culturales". Lo mismo expresan respecto de tener "minorías sexuales" en el equipo. 
Esta política del Zenit tiene costos deportivos, como afirma el ex delantero del equipo y de la selección de Rusia Alexander Panov, quien sostiene que los hinchas no tienen derecho a influir en las contrataciones del club: "Si no tenemos suficientes jugadores buenos en San Petersburgo, que debe hacer el club?" Panov dice que si a los hinchas no le gusta la política de compra de jugadores pueden quedarse en su casa (ver acá).
El Barcelona ya ha cedido, y mostrará desde el año próximo - lucrativo contrato mediante - el logo de Qatar Airways. El Athletic Bilbao ha comprado jugadores cuya relación con el País Vasco no es directa (de hecho, hasta consideró comprar al argentino-francés Higuaín). Y el Zenit compró en la última temporada al brasileño Hulk y al belga Witsel, vulnerando la regla y generando un profundo malestar entre sus hinchas y hasta entre los jugadores del Zenit.
Los hinchas del Zenit se preguntan: "¿Por qué el Athletic de Bilbao, que juega sólo con jugadores de la región, es admirado, mientras nuestro club y sus fans son acusados de racismo?"(ver acá). La pregunta está hecha.

Devolver lo robado

La crónica dice que el ex senador brasileño Luiz Estevão - que fuera destituido en 2000 - se comprometió esta semana a devolver dinero 234 millones de dólares al estado brasileño, dinero que había desviado a su empresa constructora durante los 90 y que estaba destinado a construir la sede del Tribunal Regional de Trabajo de San Pablo. Estevão fue encontrado culpable en 2006, pero apeló el fallo. El Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena y dispuso el embargo de sus cuentas y de los bienes de la familia de Estevão y de su grupo empresario. Acorrolada, acordó devolver lo que había sustraído. Los escándalos de corrupción han salpicado al gobierno de Lula desde el comienzo. Su sucesora, Dilma Rousseff, en menos de un año pidió la renuncia de siete de sus ministros, heredados de Lula y alcanzados por las denuncias de corrupción. Nada que no hayamos visto en América Latina. Excepto que, en este caso, ha sido condenado y forzado por el embargo a devolverle al fisco lo que había tomado sin permiso. Informe completo aquí.

Más sobre el Decreto PEN 1278/2012

Editorial de La Nación de hoy acá. Aquí un resumen de sus argumentos:

• [el decreto] los ha convertido [a los directores] expresamente en funcionarios públicos. Esto introduce una formal representación estatal en el seno de entes de derecho privado, con todas las implicancias negativas que la injerencia del poder público puede tener.
• limita las facultades propias de los directores de las sociedades comerciales abiertas al obligar a los designados por el Estado a tomar las medidas que los funcionarios de turno consideren necesarias, en lugar de otorgarles la discreción necesaria para adoptar las que mejor se adapten a las necesidades empresarias. Se podría argumentar que ello es razonable en función de la propiedad del Estado sobre las acciones de esas empresas, pero no debe olvidarse que aquél convive como socio minoritario con otros accionistas cuyos intereses pueden no ser iguales a los de un Estado intervencionista (...)
• elimina la responsabilidad de los directores, devenidos ahora en funcionarios públicos, garantizándoles su impunidad, cuando actúen según instrucciones recibidas del Estado.
• pretende que el Estado, como accionista de empresas privadas, tenga un tratamiento preferencial en el acceso a la información, en un grado superior y previo al de los restantes socios minoritarios. Esta pretensión da por tierra con las obligaciones de simetría que las leyes que regulan el flujo de información generado por las sociedades abiertas exigen a quienes las administran. Además, el ejercicio indiscriminado de esta nueva potestad estatal afectará seguramente el derecho a la confidencialidad de los negocios societarios, al diseminarla imprudentemente a través de las estructuras burocráticas.
• ha derogado un principio de nuestra ley de sociedades comerciales, que impedía ser directores a los funcionarios públicos cuyo desempeño estuviera relacionado con el objeto social, hasta dos años del cese de sus funciones. La derogación de ese sano principio abrirá la puerta a infinitas posibilidades de favoritismo en la contratación pública y a la obtención de privilegios inaceptables. En otras palabras, a la corrupción.

Directores públicos en empresas privadas (otra vez)

Salió el decreto 1278 regulando el desempeño de los directores designados por el Estado en las empresas privadas en las que el Estado, a través de la ANSES, hereda la partipación accionaria que tenían las AFJP. Ya hemos hablado de eso antes, pero en este artículo que publicó el amigo Santiago Gallichio en Ambito Financiero se explora el conflicto de intereses entre el rol de director de empresa y el de funcionario representante del Estado, y las tensiones de la nueva figura con las exigencias de la Ley de Sociedades Comerciales. (La Nación cubre el tema acá).


LA NUEVA FIGURA DEL “DIRECTOR DE EMPRESAS-FUNCIONARIO”
Por Santiago Gallichio – Presidente del IGEP (Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública)

Tras algunos conflictos entre el Gobierno y empresas en las que la ANSES tiene parte de las acciones, la Presidenta dictó finalmente un decreto que reglamenta esas relaciones, las que quedarán a cargo del secretario Axel Kiciloff. Que finalmente haya una norma escrita es bienvenido. Sin embargo, el Decreto 1278 del 25 de julio de 2012 tiene algunos aspectos que van en contra de leyes vigentes. En particular, aquellos por los que se regula la actuación de los directores designados en esas empresas. En su Reglamento, se crea una nueva figura que es un híbrido entre director de empresa y funcionario público. Esta figura lleva implícita una interpretación excesiva respecto de hasta dónde llegan los derechos políticos del Estado como accionista. Las sociedades anónimas son personas (jurídicas) con su propia “autonomía” regulada por sus sistemas de gobernanza. El Directorio, que ejerce su administración, está compuesto por personas designadas por la Asamblea de accionistas. Si bien la cantidad de directores designados suele guardar cierta proporción con la cantidad de acciones de cada socio (en estas empresas, el Estado es minoritario), la Asamblea designa al Directorio como un todo. Los directores designados deben tener una actuación “personal”, según exige la ley. Esto significa que no pueden actuar siguiendo indicaciones de nadie, ni siquiera de aquellos accionistas que los hubieran propuesto para el cargo, sino que se los designa para que actúen, cada uno de ellos, de manera “personal e indelegable”, haciendo lo que según su criterio de “buen hombre de negocios” consideran que es lo mejor para la persona (jurídica) que encarnan. Actuar de otro modo, a saber, siguiendo órdenes, los hace pasibles de reclamos judiciales, siendo “solidaria e ilimitadamente responsables” por esas acciones. La ley de sociedades quiere que sean sus directores, y nadie más que ellos, quienes decidan qué es mejor para cumplir con el objeto social de una empresa. Cualquier otro objetivo perseguido los hace culpables de lesionar el interés societario que deben resguardar. Obviamente, esto no implica que puedan incumplir leyes generales, pero no pueden seguir directivas ajenas a la sociedad, ni siquiera cuando éstas están dictadas por alguna dependencia del Poder Ejecutivo, si no es a través de una regulación general que alcance a su sector o actividad. Es aquí donde se ve que el Gobierno no comparte el espíritu de las leyes vigentes. Éstas otorgan a las empresas un ancho ámbito de libertad de decisión y sólo permiten al Estado regularlas “externamente”. Lo que el Gobierno nacional pretende, en cambio, es no sólo regularlas a través de normativas sectoriales específicas, sino además, en algunas empresas en las que tiene participación accionaria, directamente gobernarlas “internamente” desde sus propios Directorios, para perseguir a través de ellas fines del Estado. El nuevo Reglamento, cuando establece que los nuevos “directores-funcionarios” deben obrar como pide la ley y también “siguiendo las directivas de la Secretaría” que ocupa Kiciloff (art. 6º del Reglamento), introduce un potencial conflicto de interés que no podrá resolverse sino por preeminencia de la ley y no de este decreto. Pero más aún: cuando estos directores-funcionarios, para poder ser designados, deban firmar previamente su adhesión a este Reglamento, quedarán inhabilitados de ser designados como directores por la Asamblea: y no sólo moralmente, sino que, ante un juez, esa misma resignación de independencia será auto-condenatoria. Como lo sería cualquier director que firmase su adhesión a uno solo de los accionistas. En el mismo sentido, reproduce este Reglamento la obligación legal de obrar con “lealtad y diligencia”. La lealtad es un concepto unidireccional que implica necesariamente parcialidad. Un matrimonio, un partido político, un club de fútbol exigen lealtad. También la ley de sociedades exige lealtad a los directores. Pero lealtad a la empresa, hacia aquella parcialidad con la que el director, como el cónyuge, el militante o el hincha, se comprometen. El Reglamento, en cambio, exige lealtad a la Secretaría, al Estado. Se exige al director-funcionario que informe a la Secretaría cuando haya decisiones de la sociedad que puedan lesionar el “interés estatal”, como si fuera una obligación de las sociedades anónimas velar por él: no lo es. Una cosa es el interés nacional, que todos los ciudadanos argentinos estamos obligados a cuidar, y otra es el interés estatal, que debe ser cuidado por los funcionarios públicos. Como ejemplo: una empresa no tiene porqué tomar el camino comercial que maximice la recaudación impositiva, aún cuando ello sería velar por el interés estatal. Otra exigencia que se hace caer sobre estos directores-funcionarios es la de ”resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias que detente el Estado Nacional (art. 7º, inc. b))”. No hay tal interés público. Las acciones que detenta el Estado tienen el mismo valor que las que detentan los demás accionistas de esas empresas, pues todas estas acciones son iguales y deben ser tratadas de ese modo. Los intereses de cada accionista por fuera de la sociedad no pueden influir en absoluto en las decisiones de la sociedad. No tiene ninguna importancia que uno de esos accionistas sea el Estado. El interés público por el que el Estado debe velar se resguarda en sus acciones qua Estado. En estas empresas, no es sino un accionista más. También se dispone que los honorarios que las empresas paguen a estos directores sean depositados en una cuenta del Estado y que éste les pague a ellos un sueldo como funcionarios. Pero la empresa no tendrá forma de justificar un pago al Estado nacional ni podrá tratarlo contablemente como un honorario a un director, cuyo tratamiento es específico y acotado sólo a los directores designados. Por último, se busca dejar sin efecto la prohibición de que los funcionarios públicos ejerzan como directores (art. 12 del Reglamento), aunque esto está así establecido en la ley (art. 264, inc. d)) y un decreto simple como éste no puede modificar aquella. Conscientes de todos estos inconvenientes, los autores del decreto se anticipan a ellos y “garantizan indemnidad” a los directores-funcionarios (art. 5º del Reglamento), forzando todo este sistema jurídico de manera inapropiada. El Gobierno se da cuenta de que lo está forzando, pero lo soluciona creando una indemnidad ex ante. No parece ésta la mejor manera de ejercer el poder regulatorio, pues se creará una tensión inconveniente para todo el sistema. Como queda claro, el decreto en varios de sus artículos contradice las leyes vigentes, porque tiene un espíritu que es divergente respecto del que establece la ley de sociedades. Quien resultará violentado por la aplicación del decreto es la persona de los “directores de empresa-funcionarios”, quienes serán forzados a cumplir con mandatos del gobierno a costa de incumplir necesariamente con sus deberes como administradores. Se ha inventado una figura que es en sí misma chocante para el sistema jurídico comercial nacional e internacional.

Etica y roles profesionales

A veces se describen los roles corporativos, profesionales, y hasta políticos apelando a la analogía con la actuación: el actor debe representar bien el papel que le toque en suerte, sin perjuicio de que no se identifique en lo más mínimo con tal rol. Algunas actrices dicen que prefieren hacer de malas en las novelas y películas románticas, porque las hacen actuar de manera contraria a lo que hacen en la vida cotidiana. Otros resisten la analogía (uno de los notables que ha refutado la analogía es MacIntyre). Veamos lo que dice Fátima Florez, la actriz que personifica a la presidente Cristina Fernandez de Kirchner en el programa de Lanata (PPT) en esta nota:

"Soy actriz y hago mi trabajo, con la política no tengo nada que ver. Si los artistas se muestran de un lado o del otro se embarran, se ensucian. Tenemos que mostrar diversión, show y entretener a la gente. Para hablar de esos temas están los especialistas, los periodistas."

"Si no me siento muy cómoda, tengo la libertad de cambiar una palabra por otra, la producción me da esa posibilidad. Nunca me dijeron queremos que lo hagas de esta manera o de esta otra, confían plenamente en mí, en mi criterio como artista".

RSE en Argentina (Tercera Parte)

Último suelto (por ahora), sin conclusiones preliminares ni editorializar demasiado.
La primera parte es una de las miniaturas de los sábados de Pagni, describiendo como Enrique Eskenazi se quedaba con el 15% de la donación de YPF para el mantenimiento del Rosedal, a través de la empresa contratada para embellecer el paseo, Mantenimientos y Servicios S.A. (acá)
La segunda es un reportaje a la socióloga Maristella Svampa que apareció la semana pasada en la revista uruguaya Brecha, respecto del uso de la RSE y el desarrollo sustentable con fines estratégicos por la industria minera (acá). Transcribo el párrafo que interesa

"En primer lugar, mis trabajos hablan del pasaje del Consenso de Wa­shington al consenso de los commodities en América Latina. El consenso de los commodities implica una base común entre aquellos países con gobiernos progresistas y los neoliberales: la extracción y exportación de materias primas, sin valor agregado, y a gran escala, hacia los países más poderosos. De esto se desprenden varias cuestiones: entre ellas, la consolidación de un modelo de desarrollo neoextractivista, que acepta como destino la idea de América Latina como exportadora de naturaleza, minimizando los impactos sociales, territoriales ambientales, sanitarios y políticos que pueda tener este proceso, más aun en el marco de una crisis ambiental y civilizatoria. Otro de los elementos en común es una concepción productivista del desarrollo que viene de la mano del discurso global. Éste tiene eje en nociones como desarrollo sustentable –aunque en su versión “débil”–; responsabilidad social empresarial y gobernanza, y supone una alianza estratégica con las grandes empresas trasnacionales. En ese marco, por ejemplo, casi todos los países promueven mitos que asocian megaminería y desarrollo, megaminería y trabajo. No importa si la historia larga y los emprendimientos hoy existentes muestran que la megaminería está lejos de convertirse en un motor de desarrollo regional, o si ésta es más bien “capital intensiva” que “trabajo intensiva”. Hay una fuerte producción sociodiscursiva que apunta a crear una narrativa centrada en el “progreso”, el “trabajo”, a fin de lograr la aceptación por parte de las poblaciones. Aun así, considero que el consenso de los commodities no trae aparejado un “discurso único”, sino que instala un espacio de geometría variable, a partir del cual el Estado asume roles diferenciados, pero en el marco del reconocimiento de las grandes empresas como actores centrales. Así, el Estado aparece dotado de otras competencias, pero ya no es un megaactor como lo era en otras épocas ni tampoco su retorno es garantía de cambios reales. Sea que hablemos de los países pertenecientes al alba o al Mercosur, todo parece indicar que, más allá de las fuertes tensiones y contradicciones existentes entre movimientos sociales antiextractivistas y gobiernos neodesarrollistas, las políticas públicas están lejos de ser pensadas desde un paradigma alternativo, a la vez posneoliberal y posdesarrollista."

RSE en Argentina (Segunda Parte)

Esta es la segunda nota sobre la relación entre el Estado y los mercados durante los últimos años. Es una lúcida nota de Diego Genoud en LN de mediados de Junio (acá). Continuando la línea de la nota editorial anterior, que denunciaba la connivencia de los empresarios con los abusos del poder estatal y el temor a ser "víctimas de esos abusos", el periodista compila los testimonios de empresarios, economistas, politólogos, y analistas de opinión pública acerca del balance deseable entre intervención estatal e iniciativa privada, para usar los términos en los que LN define el problema.
Carlos Acuña, el prestigioso politólogo de la UDESA, destaca un cambio en la relación entre el poder político y la elite empresaria nacional:
"Lo original de los gobiernos kirchneristas es que, gracias a condiciones internacionales propicias y políticas audaces, devolvieron autonomía al Estado con respecto a las elites tradicionales. Más allá de errores o tosquedades, esa capacidad de «disciplinamiento» muestra aspectos positivos en una historia de vetos e imposiciones de elites sospechadas. No reconocerlo es perder de vista algo central de la lógica política argentina actual".
El dirigente empresario Gustavo Grobocopatel la ve diferente y destaca la incertidumbre que siguió a la expropiación de YPF: "Lo peor fue cómo se hizo. Ahora, cualquier negocio puede ser declarado de interés público. Los bancos, el acero, el azúcar". Vaticina que la UIA del futuro estará llena de empresarios del campo. Y distingue a contratistas y proveedores del Estado, empresas que viven del consumo interno y las que dependen de capitales internacionales. Sólo estos últimos prometen, dice.
La nota aporta opiniones respecto del perfil y de la naturaleza del empresario argentino de la última década - "ser rápido y vivo" dice Fidanza de Poliarquía, "individualistas y sin un marco de proyecto de desarrollo" dice Castellani de la UNSAM - y deja como cierre un mensaje de "optimismo": la confianza que la experiencia "traumática del kirchnerismo" ayuda a constituir organizaciones empresarias más sólidas, que puedan defender esos intereses en el mediano plazo a la manera de las organizaciones sindicales.
Es evidente que la lectura de la realidad es bien diferente. Los comentaristas que defienden las políticas del gobierno sostienen que el débil en esta puja es el Estado, frente a las grandes corporaciones. Los críticos del gobierno, entre los que se cuenta a LN, ven un Estado poderoso que infunde el miedo, siembra incertidumbres, y reserva la parte del león para los amigos.
Cualquiera sea la lectura de coyuntura sobre el poder relativo de los "contendientes", la discusión de fondo sobre la participación relativa del Estado en el sistema económico y la idea misma de plantear la relación entre poder político y económico en términos de contienda sigue abierta. Sobre esto deberíamos hablar. En la academia y en la delibración pública.

RSE en Argentina (Primera Parte)

Se cumple un año desde nuestro regreso a Argentina. Un año intenso en noticias acerca de la gobernanza pública y privada que nos convoca.
Debo un reporte sobre el estado del arte desde la fresca mirada de alguien que ha estado afuera durante ocho años. Lo que sigue son tres sueltos, tomados de sendas notas del diario La Nación, publicadas en los dos últimos meses. Serán sin editorializar demasiado, aunque la elección de esas noticias revela una dirección. El medio elegido, además, revela una estrategia que no puede ser sospechada de hostil a los negocios y a los mercados, en tanto es La Nación una de las publicaciones más favorables a los negocios y - por sus declaradas convicciones religiosas - más abiertas a la promoción de la RSE (asumo que el concepto se conoce, y en todo caso las notas que siguen pueden hacer una contribución a definir la noción que se tiene en mente de RSE). La primera es una nota editorial de LN, aparecida el 4 de Mayo pasado (acá), que usé como disparador de discusión del primer encuentro de un curso de MBA en business ethics. El editorialista se pregunta, en el título, "Empresarios o cortesanos?". Y exige a la clase empresaria argentina más firmeza "frente al creciente avance del Gobierno sobre la iniciativa privada y los permanentes abusos de poder." En esta concepción de RSE, los empresarios deben hacer una contribución "para la preservación de la República."
Aquí el párrafo central:

"Sí se habla, cada vez más, de la responsabilidad social empresaria (RSE), pero se suele olvidar que la más básica de todas las responsabilidades es poder ejercer la vida empresaria arriesgando capital y aceptando la competencia local o externa en beneficio de los consumidores. Hablar claro, señalar lo que está mal y reclamar el espacio necesario para ejercer la actividad empresaria también es RSE.
El silencio de muchos dirigentes empresariales reconoce tristes razones. En algunos, pesa el temor a perder alguna prebenda, subsidio o reserva de mercado. En otros, la conciencia de que no podrían soportar una inspección de la AFIP. Aunque, en la gran mayoría, prevalece el miedo a represalias que han demostrado ser tan feroces y arbitrarias como contundentes.
Y así se ha llegado a tal extremo que los empresarios han dejado de demandar algo tan elemental como tener reglas de juego claras y disponer del mínimo de libertad para la iniciativa emprendedora.
Claro que no se les puede reprochar exclusivamente a los empresarios la pobreza de su papel en la escena colectiva. El empresariado argentino es hijo de una sociedad que penaliza la riqueza, que no siempre entiende la ganancia como un premio al esfuerzo, que prefiere la protección en vez del riesgo y la competencia. Es primo hermano de una clase política con graves inclinaciones demagógicas, que fomenta el gasto en vez del ahorro y la inversión, y que renuncia a defender a las empresas maltratadas por temor a que se vea en esa defensa una actitud oligárquica. Una abstención que se vuelve escandalosa porque muchos de los políticos que la adoptan recurren a esas mismas empresas para financiarse en sus campañas."

(*) La referencia al uso inquisitorial de la AFIP se ha confirmado en la semana, con la clausura de una inmobiliaria luego de que su dueño, el Sr. Toselli, confirmara a un periodista de Clarín que las operaciones inmobiliarias se habían reducido drásticamente a partir de las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno nacional (ver acá). La presidente había anunciado estas medidas contra Toselli por cadena nacional (acá), el día anterior, denunciando a Toselli por no presentar sus declaraciones juradas.